MÉXICO, DF.- La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina, pidió a sus compañeros legisladores que se apruebe, antes del 15 de diciembre, la Ley de Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes No Acompañados.
Lo anterior lo expuso en el foro internacional "Estrategias regionales para el fortalecimiento de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en la protección de personas migrantes en México y Centroamérica y articulaciones con perspectiva regional".
En un comunicado, consideró urgente que se legisle en esa materia antes de que concluya el presente periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.
Afirmó que su aprobación por el pleno es un asunto de voluntad porque hay condiciones para ello, toda vez que en los próximos días la comisión que encabeza discutirá el dictamen donde una parte de sus integrantes han externado su coincidencia con esta "urgente necesidad".
En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde estuvo la presidenta de este organismo, Perla Gómez Gallardo, la perredista expuso que es necesario que las y los legisladores se sensibilicen.
Con la Ley de Migración que recién fue aprobada, es vital que haya un mecanismo que frene la violación de las garantías individuales de los menores y jóvenes que cruzan el territorio nacional, aseveró.
Es necesario, enfatizó, que deje de haber discrecionalidad de las policías municipales y estatales, así como del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en su actuación, a la luz de los acontecimientos ocurridos en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.
Recordó que allí, un grupo de niñas y niños, pero particularmente, menores de 18 años, se encuentran privados de su libertad, además, derivado de malos tratos y mala alimentación, protestaron para demandar la atención de las autoridades federales y de derechos humanos.
García Medina pidió la intervención de los gobiernos federal y de Veracruz para que se respeten sus derechos y se les proteja al encontrarse vulnerables ante la delincuencia organizada, incluso de los propios elementos de las policías municipales, estatales y federales, así como del propio personal del INM.
También expuso la urgente necesidad de que se modifique el reglamento de la Ley de Migración, el cual en su redacción no pone en el centro el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha externado su beneplácito para que sea transformado el ordenamiento con la participación y las propuestas de la sociedad civil.
Aseveró que la misma suerte deben experimentar los protocolos de actuación de los servidores públicos, particularmente de las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, además del personal del INM.
Destacó que cuando los migrantes son detenidos, las autoridades utilizan la palabra "aseguramiento", cuando lo que en realidad pasa es que son privados de su libertad sin que haya la participación de por medio de un juez, de un debido proceso cuando a lo sumo, lo que han cometido es una falta administrativa.
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