18 agosto 2013

Latinoamérica analiza los desafíos de su población


"Si bien en las últimas décadas se ha alcanzando un mayor nivel de bienestar en América Latina y el Caribe, con avances importantes en áreas como la mortalidad infantil, la esperanza de vida, la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad y de los migrantes, aún quedan muchos desafíos pendientes en la región en términos de igualdad", advierte la Comisicón Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que este lunes inició una conferencia regional sobre población y desarrollo en Montevideo. En el encuentro, que se extenderá a lo largo de toda la semana, representantes de más de 30 países de la región evaluarán el cumplimiento del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) que Naciones Unidas celebró en El Cairo en 1994.





Un documento de la CEPAL obtiene conclusiones los logros y desafíos 19 años después de aquella cita en Egipto:

  • La población de la región llegó a los 600 millones de personas en 2010 y se prevé que entre 2013 y 2025 crezca 11% más, hasta los 680 millones, mientras que para 2050 llegaría a 750 millones.
  • La pobreza se redujo del 48,8% en 1990 a 28,8% en 2012, según cifras oficiales. Sin embargo, aún quedan 167 millones de latinoamericanos pobres y 66 millones viviendo en la indigencia, es decir, sin ni siquiera los ingresos necesarios para acceder a la alimentación básica.



La desigualdad ha mantenido una ligera tendencia a la baja, pero la región sigue siendo la más desigual del mundo. Se prevé que para 2015 América Latina alcance niveles de pobreza de 23,3% medido según el índice de desarrollo humano (IDH), cifra inferior al 37,5% estimado para los países con un IDH medio, pero aún lejana del 12,2% de los países que ostentan un IDH alto.

  • En igualdad de género, ha habido un gradual mejoramiento de la condición económica y social de la mujer, así como un paulatino avance hacia la igualdad entre los sexos.  Sin embargo, las mujeres todavía deben soportar desventajas y discriminaciones de diferente tipo. Por ejemplo, en 2012 solo el 23,2% de los parlamentarios nacionales eran mujeres y las tareas domésticas y de cuidado de otras personas, así como otros trabajos no remunerados, siguen recayendo mayoritariamente en ellas.


  • En la mayoría de los países la demanda insatisfecha de planificación familiar ha disminuido, situándose en valores que van de 4,7% a 12%, cifras por debajo del promedio mundial (12,4%), según la CEPAL. Pero más allá de lo que diga este organismo de la ONU está claro que muchas veces falta un acceso efectivo a métodos anticonceptivos gratuitos entre la población más pobre.




  • La maternidad adolescente (grupo de 15 a 19 años) cayó hacia 2010 a niveles inferiores a 13% después de haber subido por sobre 14% en 2000. Sin embargo, se mantiene por sobre las cifras anotadas en 1990 (inferiores a 12%).
  • La mortalidad infantil también ha descendido entre 1990 y 2011 y la mayoría de los países tiene una tasa por debajo de 20 niños fallecidos por 1.000 nacidos vivos, cifra muy inferior al promedio mundial. La mortalidad materna sigue siendo un desafío pendiente en la región, con una tasa regional por debajo de 210 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos.




También se han implementado acciones para cumplir los objetivos de la CIPD vinculados a los niños, adolescentes y jóvenes, personas mayores, pueblos indígenas –que incluyen a 46 millones de habitantes- y personas con discapacidad. Por ejemplo, hay importantes avances en la cobertura de la educación primaria, que llega a 90%, si bien persiste el desafío de mejorar la calidad en todos los niveles y en todo el sistema para que mitigue y no intensifique las desigualdades. No lo cuenta la CEPAL en su informe, pero aún existe una brecha entre el reconocimiento de derechos y su efectivo respeto. Por ejemplo, en Argentina aún sigue sin cumplirse la ley de 2006 que disponía que se relevaran todos los territorios indígenas, según denunció hace pocas semanas el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
  • La migración internacional ha mostrado un aumento generalizado, lo que trajo una serie de consecuencias, como la visibilidad de las remesas, el protagonismo de las comunidades de migrantes y una mayor preocupación por la necesidad de protección de los derechos de todas las personas migrantes, que se ha visto reflejada en nuevos lineamientos en normativas, políticas y acuerdos, como por ejemplo, en materia de seguridad social.

16 agosto 2013

Subordinación del gobierno mexicano


La posición del gobierno mexicano ante el debate que se está dando en Estados Unidos en relación con la reforma migratoria, y que va a afectar a millones de mexicanos indocumentados que se encuentran trabajando en el país vecino, es prácticamente de silencio. El argumento esgrimido, por supuesto cuestionable, es que se trata de un asunto interno, doméstico, de Estados Unidos. Y a pesar de que voces muy autorizadas como la de Jorge Bustamante se han expresado objetando severamente tal decisión, el gobierno se ha mantenido como aquel que decía: ni los oigo ni los veo. Y sin embargo, ante cuestiones que sí son decisiones de política interna del gobierno mexicano, como los temas de frontera sur y migración, el país ha permitido una intromisión por parte de Estados Unidos que es inaceptable pues, al tratarse de una frontera que compartimos con los centroamericanos, en todo caso somos ellos y nosotros los que debemos discutir las condiciones del flujo migratorio y garantizar, por encima de cualquier cosa, el respeto a los derechos humanos de esos migrantes.

Una revisión histórica muy acotada nos dará alguna idea de esta intrusión.

En primer lugar llama la atención, aunque no debería, que en la última visita que realizó a México la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, propuso sin el menor rubor –y las autoridades dijeron por supuesto, sí señora– la forma en la que van a intervenir en la frontera mexicana, tanto la norte como la sur. Como señala La Jornada (25 de julio), en ausencia de autoridades centroamericanas, acordaron el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur de nuestro país, a fin de lograr un flujo migratorio ordenado y con respeto a los derechos humanos, y cómo no, pues para el país del norte todo lo que sean fronteras son cuestiones de su seguridad nacional.

Parecería el colofón de una larga historia de intervenciones, pues quien decide las políticas internas y las formas es, por supuesto, Estados Unidos. A partir del Tratado de Libre Comercio, una de cuyas consecuencias ha sido la devastación de enormes sectores productivos mexicanos, sobre todo del campo, y que ha dado lugar a la gran tragedia de los indocumentados a los que ahora, sin embargo, se les niega lo que en derecho les corresponde, la permanencia legal al haber entregado su vida beneficiando a la economía de ese país. Pero además del interés económico, que sin duda ha sido un instrumento de subordinación de la economía mexicana a Estados Unidos, también ha servido para expandir los intereses de seguridad nacional estadunidense a todo el continente, en el que México juega un papel central geoestratégico (Juan Manuel Sandoval).

Otro acontecimiento importante se dio entre los años 2001-2003, cuando se instauró un mecanismo para frenar la migración proveniente de la frontera sur de México, el llamado Plan Sur, reforzando la presencia militar y policial en dicha frontera, y que respondía a los compromisos adquiridos por Vicente Fox con Estados Unidos en una reunión en San Diego, California.

Después de los atentados del 11 de septiembre, los refuerzos a los mecanismos que garantizaran la seguridad nacional de Estados Unidos se incrementaron. Entre ellos están las llamadas fronteras inteligentes, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que, como señala John Saxe-Fernández, es un eufemismo de ocupación y/o anexión que aniquila la noción de igualdad jurídica de los estados a favor de Estados Unidos. Y finalmente la firma del llamado Plan México, o llamada Iniciativa Mérida, entre cuyos objetivos se encuentra la capacitación y adiestramiento para controlar el flujo migratorio de las fronteras norte y sur.

Es decir, México tiene que detener a los migrantes centroamericanos pues así conviene y son las instrucciones de Estados Unidos. Por eso utiliza el mismo expediente, las inhumanas deportaciones, las detenciones, la persecución. Está haciendo el trabajo sucio, aun cuando se aprobó una ley de migración cuyo eje gira en torno a la no criminalización de los migrantes. La realidad es que en los hechos es letra muerta, pues se sigue criminalizando a los migrantes, siguen las autoridades coludidas con los criminales para extorsionarlos y torturarlos con total impunidad, son esos mismos policías los que atacan los albergues de migrantes, actos prohibidos por la ley, así como las redadas de esas corporaciones, que también están sancionadas por la ley de migración. Y para mayor escarnio, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que sus agentes seguirán participando en la detención de indocumentados y traficantes de personas por igual.

Se ha solicitado insistentemente, por parte de diversos grupos sociales, que, para abatir en cierta medida la vulnerabilidad de los migrantes se les otorgue una visa, ya sea de visitante, de tránsito o humanitaria. Pero se puede comprender que esto es impensable, pues Estados Unidos no lo aceptaría, y por lo tanto tampoco México. Triste situación, pues es una realidad que los gobiernos mexicanos no han defendido la soberanía nacional.